De la guerra del cerdo, los hecatónquiros y el juez Carlos Fayt.

Ha comenzado la guerra del cerdo, persecución horrenda en la que los ancianos son atacados ferozmente en las calles de Buenos Aires por un vendaval juvenilista. No se trata de maltratos físicos como en la novela de Adolfo Bioy Casares, pero a un reconocido juez de la Corte Suprema se lo denigra por su avanzada edad. En el relato de ficción de Bioy Casares, los jóvenes eran azuzados por un demagogo para atacar a los mayores. En esta tempestad de comentarios denigratorios, que busca remover al doctor Carlos Fayt de la Corte Suprema, es acremente cuestionado por el kirchnerismo y, en particular, por la agrupación La Cámpora, dirigida por Máximo Kirchner, persona sin oficio y que apenas logró aprobar un puñado de materias de abogacía. El objetivo es lograr una nueva vacante en la Corte Suprema de Justicia, para poder colocar allí a un juez de simpatías kirchneristas cuando faltan pocos meses para que Cristina Fernández de Kirchner termine su mandato presidencial.
Nos cuenta Hesíodo, en su fascinante y a la vez áspera Teogonía, que los titanes se revelaron contra el dios Zeus, jefe del Olimpo. Se libró, entonces, una larga guerra entre las deidades olímpicas y los titanes, contienda que terminó cuando se sumaron los hecatónquiros como aliados de Zeus. Eran estos unos seres monstruosos con cien brazos, por lo que podían arrojar varias rocas simultáneamente, como una moderna ametralladora de proyectiles pétreos, contra los titanes. 
Cuando se trata de denigrar a alguien, las voces del kirchnerismo obran como los hecatónquiros: arrojan centenares de rocas de difamación al enemigo que CFK ha escogido, para lastimarlo sin piedad y hundirlo en las ciénagas del oprobio. No sólo actúa el coro de funcionarios y personajes de los movimientos sociales próximos al gobierno kirchnerista, sino también la frondosa red de medios que rinden pleitesía al oficialismo. Compiten, de un modo voraz, por ver quién es más creativo en la destrucción del enemigo del momento.
Es el turno de Carlos Fayt, juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Hombre de 97 años, jurista de prestigio colosal, con decenas de libros publicados y miembro del más alto tribunal de Argentina desde 1983, con el retorno al gobierno constitucional. La comisión de juicio político de la Cámara de Diputados le exige que se presente a un examen psicofísico, ya que el kirchnerismo arguye que no está plena posesión de sus facultades cognitivas.

Ya desde sus etapas iniciales, los Kirchner nunca se sintieron a gusto con el equilibrio de poderes. Al poco tiempo de asumir la presidencia, Néstor Kirchner (justicialista o peronista) reclamó en cadena nacional la renuncia de algunos jueces de la Corte Suprema de Justicia. Ante esta presión mediática, los ministros Nazareno, Vázquez y López renunciaron; tan sólo Eduardo Moliné O’Connor resistió hasta que fue removido por juicio político en el Congreso. La Corte Suprema había sido ampliada durante la presidencia de Carlos Menem (también justicialista o peronista) de cinco a nueve miembros, con lo que se aseguraba una mayoría que respaldaba la constitucionalidad de las normas en ese período. Si bien a partir de Kirchner el mecanismo de selección de los nuevos ministros de la Corte tuvo un proceso de gran transparencia con audiencias públicas, el más alto tribunal se manejó con bastante prudencia en su trato con el poder ejecutivo.

Estas manipulaciones a la composición de la Corte Suprema no son nuevas: es un rasgo distintivo de las administraciones peronistas. En 1947, el presidente Juan Domingo Perón (indudablemente justicialista o peronista) impulsó el juicio político a cuatro de los cinco jueces de la Corte por haber avalado el golpe de Estado de 1943, un gobierno militar del que fue secretario, ministro y vicepresidente. El único ministro que no fue juzgado, Tomás Casares, había sido nombrado por el gobierno militar del que Perón se consideraba heredero y continuador. Desde entonces, cada golpe militar o gobierno constitucional cambió la Corte Suprema hasta que, con el retorno a la vida democrática y la elección del presidente Raúl Alfonsín (radical), se nombra un nuevo alto tribunal de cinco miembros. De ese quinteto, hasta el día de hoy continúa Carlos Fayt, de 97 años, de quien la presidente Cristina Kirchner no ha podido evitar hacer comentarios ridiculizando su longevidad. En Argentina, los ministros del más alto tribunal no tienen un plazo pero, desde la reforma constitucional de 1994, se jubilan a los 75 años. No obstante, a Fayt no lo alcanzó el espectro del retiro, ya que es un juez anterior a esa reforma.

El mayor embate contra la independencia del poder judicial llegó de la mano de Cristina Fernández de Kirchner (justicialista o peronista): en 2013 propuso la “democratización de la justicia”, un eufemismo que encubría la politización del Consejo de la Magistratura. En la Constitución argentina, por su reforma de 1994, se creó este organismo y claramente se estipula cuáles son las instituciones que eligen a los miembros. El propósito de Cristina Kirchner era partidizar este organismo al sumarle miembros electos por el voto directo de la ciudadanía. La Corte Suprema, ante lo claro y evidente, debió declarar inconstitucional este procedimiento de elección directa. El más alto tribunal ha vuelto a tener un total de cinco miembros y para la única vacante disponible -por la jubilación de Eugenio Zaffaroni-, el gobierno propone al joven simpatizante K y abogado Roberto Manuel Carlés, de 33 años, que tiene algunos agujeros negros en el curriculum presentado, por lo que son varias las entidades que adelantaron que impugnarán su pliego en las audiencias públicas. Su elección a la Corte Suprema es de la máxima importancia ya que, si el Senado llegara a aprobar su nominación, podría estar allí durante los próximos ¡cuarenta años! 

Con la remoción o renuncia de Carlos Fayt, el kirchnerismo tendría el obsequio de dos vacantes en la Corte Suprema, a pocos meses de la asunción de un nuevo primer magistrado, de la mitad de la cámara baja y de un tercio del Senado. Dos de cinco ministros de la Corte alineados con CFK, es un poderoso escudo contra cualquier investigación sobre las acusaciones de corrupción de ella, su entorno y demás funcionarios de este gobierno. 

Es claro que Fayt no tiene la fiereza del león para intimidar a sus enemigos, pero sí la astucia del zorro para no caer en las trampas, como sugería Maquiavelo al príncipe. Está sabiendo manejar los tiempos y el miércoles 13 de mayo se presentó en la sede de tribunales para ratificar la acordada por la que se reelige como presidente de la Corte, hasta el 2019, a Ricardo Lorenzetti. 

Los ímpetus juvenilistas de La Cámpora, como todo movimiento generacional, tiene fecha de vencimiento: tras ellos, inexorablemente vendrán otros más jóvenes que los cuestionen. La edad no es un argumento, más aún tratándose de una eminencia jurídica como Carlos Fayt que, de retirarse, probablemente lo haga después del 10 de diciembre de este año. Mientras tanto, Fayt evitará en lo posible hacer declaraciones y el juego mediático de los hetacónquiros de la denigración, ya que los jueces sólo hablan a través de sus sentencias. O, por lo menos, así debiera ser.